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Derecho de Internet



Función social de la Abogacía en la era digital



 



A lo loco. La cuenta de Twitter de la Jefatura del Estado en manos de la ley y tribunales de California

Thu, 22 Sep 2016 10:31:49 +0000

A finales de agosto me llegó una contestación del Portal de Transparencia a mi petición de cómo los órganos públicos aceptan los términos y condiciones de las redes sociales. Mi pregunta iba dirigida en general a la administración central del Estado y en particular a la Casa Real. Como es claro y notorio, obtener una cuenta en Twitter o en Facebook implica someterse a los términos y condiciones de las empresas particulares que ofrecen estos servicios. Aceptar estos términos y condiciones implica someterse a la ley y a la jurisdicción extranjera por lo que en caso de conflicto la demanda deberá interponerse ante un juzgado que radique en California y deberá solicitarse la aplicación de las leyes de aquel lugar. Dice asi el apartado 12 B de los terminos y condiciones de Twitter: Estas Condiciones o cualquier otra acción relativa a ellas se regirán por las leyes del Estado de California sin considerar ni aplicar las cláusulas de conflicto de leyes del estado o país de residencia del usuario. Toda reclamación, procedimiento legal o litigio surgido en relación con estos Servicios tendrá lugar únicamente en los tribunales federales o estatales ubicados en el condado de San Francisco, California, Estados Unidos, y usted acepta dicha jurisdicción y acción en tales tribunales y renuncia a cualquier objeción en cuanto a la inconveniencia del foro. [...] Que la Casa Real, esto es, la Casa de quien ostenta la Jefatura del Estado, someta su comunicación a estas condiciones legales es inexplicable. La contestación recibida literalmente señala: Una vez analizada la solicitud, Dª. Mª. Rosario Pablos López, Secretaria General de la Presidencia del Gobierno, resuelve conceder el acceso a la información a que se refiere la misma deducida por D. Javier de la Cueva González Cotera: La cuenta Twitter @CasaReal fue suscrita por la Unidad de Comunicación de la Secretaría General de la Casa de Su Majestad el Rey, con la finalidad de facilitar información de las actividades de los miembros de la Familia Real. Dicha cuenta, operativa desde el 21 de mayo de 2014, fue suscrita en los términos y condiciones ordinarias de Twitter, previa verificación del perfil de identidad del organismo habitual en el caso de cualquier institución, organismo, asociación privada o pública. Alguien argumentará que no pasa nada, que todos hacen lo mismo: La Moncloa, el Papa, la Reina británica, Obama... La respuesta es que argumentar así supone utilizar la falacia ad populum. En realidad, la respuesta correcta es que si lo hacen a título personal, es su decisión, pero si lo que están representando es un poder del Estado, deberán someterse a la ley nacional. Que haya muchos poderes de diferentes Estados que lo hagan así sólo significa una cosa: que todos lo hacen mal. Este fenómeno, que supondría el modelo de colonización en la sociedad de la información, ya lo traté en el año 2012 en un artículo doctrinal «Internet como entorno de la opinión pública: envolviendo los derechos fundamentales en derechos ordinarios» sin que hasta ahora parezca que haya habido cambio alguno. No estará de más que por parte de la Abogacía del Estado o por funcionarios competentes se estudie este fenómeno y se apliquen las correcciones sean de hecho o sean legales que estimen pertinentes. Esta cuestión es aplicable también a los órganos del Poder Judicial y a ambas cámaras parlamentarias Congreso y Senado así como al resto de las administraciones públicas. Etiquetas: General[...]



Petición de información sobre la aceptación de términos y condiciones de servicios de redes sociales por la Administración central del Estado

Sat, 09 Jul 2016 10:01:24 +0000

Con fecha de hoy he realizado en el Portal de Transparencia la siguiente solicitud de información sobre la aceptación de términos y condiciones de servicios de redes sociales por parte de los órganos de la Administración central del Estado y en su caso el refrendo de la aceptación por el Jefe del Estado. La petición ha quedado registrada con el número 001-007590 de expediente. Publicaré en estas páginas la contestación que reciba. Asunto: Aceptación de términos y condiciones de servicios de redes sociales Dado el uso promiscuo de las redes sociales por parte de las administraciones públicas y habida cuenta de que los términos legales de dichas redes sociales someten a los usuarios a legislaciones y jurisdicciones extranjeras, se solicita información sobre: 1. Acto administrativo por el que se aceptaron los términos legales de Twitter.com por parte de los órganos de la Administración central del Estado, con indicación de fecha y órgano autorizante o si dicha aceptación se realiza por la mera vía de hecho (haciendo "click"). 2. En su caso, si existen términos y condiciones con Twitter pactados por las administraciones públicas diferentes de los que figuran en la página web: - https://twitter.com/tos?lang=es - https://twitter.com/privacy?lang=es 3. Si existe algún informe o dictamen realizado por la Abogacía del Estado o por otros funcionarios públicos cuyo objeto sea el análisis de los términos y condiciones de Twitter y la legalidad de su aceptación por parte de los órganos de la Administración central del Estado. 4. Relación de órganos de la Administración central del Estado que posean cuenta en Twitter. 5. Si existe alguna regulación por la que la Administración central del Estado guíe el uso que de las redes sociales realizan los órganos administrativos incluyendo dentro de los mismos los de cualquier jerarquía como los Ministerios o La Moncloa (@desdelamoncloa), con especial referencia a si está regulado el uso de mensajes privados a través de Twitter, quién tiene conocimiento de la clave de la cuenta y las situaciones de incapacitación o fallecimiento del conocedor de la clave. 6. Lo solicitado para Twitter en los puntos 1 a 5 anteriores, se solicita igualmente para Facebook y cualesquiera otros servicios de redes sociales en los que un órgano de la Administración central del Estado haya obtenido una cuenta. 7. Más concretamente, y únicamente con respecto a Twitter, si algún órgano de la Administración central del Estado ha aceptado la cláusula 12 B de las condiciones de este servicio, donde literalmente se señala lo siguiente: «Estas Condiciones o cualquier otra acción relativa a ellas se regirán por las leyes del Estado de California sin considerar ni aplicar las cláusulas de conflicto de leyes del estado o país de residencia del usuario. Toda reclamación, procedimiento legal o litigio surgido en relación con estos Servicios tendrá lugar únicamente en los tribunales federales o estatales ubicados en el condado de San Francisco, California, Estados Unidos, y usted acepta dicha jurisdicción y acción en tales tribunales y renuncia a cualquier objeción en cuanto a la inconveniencia del foro. Si el usuario es una entidad del gobierno federal, estatal o local de los Estados Unidos que utiliza los Servicios en su capacidad oficial y es legalmente incapaz de aceptar la ley aplicable, la jurisdicción o el lugar de las cláusulas citadas más arriba, dichas cláusulas no serán aplicadas al usuario. Para tales entidades del gobierno federal de los EE. UU., dichas Condiciones, o cualquier acción en relación a ellas, se regirán por las leyes de los Estados Unidos de América (sin referencia al conflicto de leyes) y, en ausencia de ley federal o en la medida permitida conforme a la ley federal, por las leyes del Estado de California (excluyendo elección de ley aplicable).» 8. Con respecto a la Casa Real, si ha existido el refrendo del artículo 64 de la Constitución española por parte de algún órgano del Gobierno para ace[...]



Denuncia contra el Reino de España por el Sistema Lexnet

Fri, 13 May 2016 23:27:53 +0000

[Actualización. Dispone de toda la información sobre este procedimiento en http://denuncialexnet.es.] Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista Obrero Español, durante diversos mandatos, se empeñaron en implantar para las comunicaciones judiciales un sistema que, a mi modo de ver, vulnera gravemente el principio de separación de poderes y los derechos fundamentales de quienes intervienen en un procedimiento judicial. Este problema ya se lo advertí en el año 2007 a un alto funcionario del Ministerio de Justicia. Su respuesta fue la de que primero sacarían adelante el Sistema Lexnet y que luego ya verían. Dado que considero que el Sistema Lexnet es una solución tecnológica que atenta contra nuestros derechos, he interpuesto una denuncia ante la Comisión Europea contra el Reino de España por vulneración de la normativa europea. Los fundamentos de la misma se hallan dentro del texto que, como ya tengo por costumbre desde el 30 de agosto de 2004, pongo a disposición de quien quiera utilizarlo en defensa de sus derechos. Si no desean leer un texto jurídico (les aseguro que está al alcance de todos) pueden entonces leer las razones de la denuncia en la entrevista que bajo el titular ¿Es la base tecnológica de Lexnet inconstitucional? nos hizo la periodista Silvia Font al Decano del Colegio de Abogados de Cartagena, José Muelas, y a mi. El asunto es grave. En virtud de la legislación actualmente en vigor, el Poder Ejecutivo dispone de toda la información que entra y sale del Poder Judicial en lo que se refiere a los litigios. De esta manera, tiene una información estructurada sobre los órganos judiciales, los litigantes, los profesionales intervinientes en los procesos, el objeto del litigio y los plazos en los que se tramita el mismo. Y la información la tiene en tiempo real. Entiendo que este diseño de la arquitectura de la información atenta contra lo que debe ser el Estado del siglo XXI, donde el principio de separación de poderes implica una separación de la gestión de la información, lo que no es el caso puesto que el Ministerio de Justicia o las Consejerías de las Comunidades Autónomas con competencias delegadas se encargan de gestionar una información que nunca tendría que salir de los cauces de comunicación entre el interesado y el órgano judicial. Necesitamos otra arquitectura de la información para el Estado del siglo XXI y no la que irreflexivamente nos han implantado. En el enlace más abajo tienen la plantilla para la denuncia por si estuvieran interesados en interponerla. Se trata de mi propia denuncia en la que he suprimido mis datos personales y he marcado dónde se deben introducir los datos del nuevo denunciante. Pueden adaptarla a sus necesidades, realizar su propia versión o simplemente enviar un mero escrito a la Comisión Europea adhiriéndose a la presentada por mí y solicitando que se les tenga también por denunciantes. [Actualización: 31-05-2016. Nueva plantilla] Enlace a la plantilla y a los anexos. Asimismo, para profundizar más en este asunto, les recomiendo la visualización de la jornada que, bajo el título de «Lexnet: Propaganda y Realidad. (La distancia entre una buena idea y un pésimo invento)» celebramos el día de ayer, 12 de mayo de 2016, en la Real Academia de Jurisprudencia y de Legislación donde, desde el rigor académico, se analizó el Sistema Lexnet. src="http://embed.bambuser.com/broadcast/6256347" width="460" height="259" frameborder="0">Your browser does not supEtiquetas: Procedimiento libre[...]



Ciencia Situada en La Invisible: Derecho y tecnología. Software y creación de mundos

Sun, 06 Mar 2016 15:43:22 +0000

Audio de la conferencia de fecha 3 de marzo de 2016 en la Casa Invisible, de Málaga.

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Derecho y tecnología: software y creación de mundos

Wed, 02 Mar 2016 18:10:37 +0000

(Síntesis de la conferencia del jueves 3 de marzo de 2016 en la Casa Invisible de Málaga).

En la antigua Grecia, la tecnología de la escritura se utilizó para fijar las leyes en un soporte que evitara discusiones sobre su redacción. De esta manera, la escritura se constituía como una herramienta de pacificación social, al evitar la arbitrariedad en favor del más fuerte de cuál era la verdadera redacción legal.

En el Estado moderno, la tecnología de la escritura sirve a dos principios básicos: el de legalidad, por el que no puede sancionarse un comportamiento que previamente no esté descrito en una ley, y el de publicidad normativa, según el cual para que tengan validez, las normas jurídicas han de publicarse en un medio que permita su conocimiento por todos los ciudadanos.

En la actualidad, además del lenguaje natural utilizado por el Derecho en Grecia y en el Estado moderno, nos hallamos ante la utilización ubicua de lenguajes formales para escribir software. Mediante estas aplicaciones informáticas se intermedia en las relaciones entre el ciudadano y las administraciones públicas, realizándose tanto actividades de gestión (una declaración de impuestos) como de control (un control de velocidad).

Si en tiempos antiguos se prohibió la existencia de leyes secretas, sin embargo en la actualidad nos encontramos con la imposibilidad de acceso a las fuentes de los programas informáticos con los que se nos gestiona o se nos controla. De esta manera, se le hurta al ciudadano la posibilidad de impugnar la correcta aplicación de la ley pues no puede verificar si el lenguaje formal implementa correctamente la norma jurídica.

La necesidad de corregir esta situación va más allá. Señalaba Searle que una montaña nevada existe per se pero que una hipoteca es necesariamente una creación del lenguaje. Mediante el lenguaje, por tanto, creamos mundos y si ya los construimos utilizando lenguajes naturales, ahora también los edificamos con lenguajes formales, lo que requiere una reflexión desde el mundo jurídico sobre este nuevo fenómeno.




Club de lectura en el Medialab-Prado de Madrid

Wed, 02 Mar 2016 18:07:30 +0000

src="https://player.vimeo.com/video/153490800" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen="" mozallowfullscreen="" allowfullscreen="">

Club de lectura from Medialab-Prado on Vimeo.




Presentación del Manual del Ciberactivista

Mon, 25 May 2015 15:19:10 +0000

El miércoles 27 de mayo de 2015 se presentará en la librería La Central de Callao el «Manual del Ciberactivista. Teoría y práctica de las acciones micropolíticas».

Intervendrán en el acto de presentación tres personas que, además de ser cercanas, suponen una fuente de inspiración por la calidad de sus trabajos. Por orden alfabético se trata de Andoni Alonso, Stéphane M. Grueso y Pedro Letai.

El anuncio de la web de La Central explica mejor que yo el contenido del acto:

Manual del ciberactivista te invita desde sus primeras páginas a la acción, definida aquí como acciones micropolíticas, con fines que pueden ir desde la exigencia de la implantación de pasos de cebra para evitar los peligros de un cruce de peatones al rechazo de la política estatal de viviendas.

De la mano de su autor, Javier de la Cueva, un defensor de la cultura libre en internet, se ofrece un recorrido por la nueva forma de hacer política ciudadana en la Red.

Con dos partes diferenciadas y complementarias, una teórica -desde la cual reflexionar y conocer las acciones y patrones que guían las acciones micropolíticas- y otra práctica -que recoge toda una serie de consejos y pautas que el autor ha ido acumulando a lo largo de su dilatada experiencia en este tipo de actividades-, en la obra se muestra cómo colectividades en busca de una regeneración democrática y fuera de los mecanismos tradicionales de participación, constituidos por partidos políticos y sindicatos, se agrupan en internet y siguen un mismo patrón: publicar en una web un conocimiento libre y proponer un procedimiento de actuación, ejecutable tanto en el entorno de internet como fuera del mismo.

Bajo la máxima “no propongas, haz” y con la experiencia de la “Demanda contra el canon” -primera vez que en el mundo se utilizó internet como herramienta procesal-, el lector encontrará en este manual la motivación y el conocimiento necesario para la puesta en práctica y el uso de la web como herramienta para un ejercicio público de sus derechos.

Javier de la Cueva (Madrid, 1962) dice que el ejercicio de la abogacía es lo que le paga las facturas pero que lo que le divierte es pensar y ejecutar lo pensado. Por eso, además de abogado es doctor en filosofía, profesor de universidad, conferenciante, administrador de sistemas bajo software libre, usuario de GNU/Linux desde 1998 y se divierte con lenguajes de programación. Ahora escribe éste, su primer libro, donde nos muestra sus tres parcelas de jurista, de filósofo y de ciberactivista.




Manual del ciberactivista. Teoría y práctica de las acciones micropolíticas

Tue, 28 Apr 2015 21:33:21 +0000

El libro El libro Manual del ciberactivista. Teoría y práctica de las acciones micropolíticas, Bandaàparte Editores, estará en sus librerías a partir de finales de mayo de 2015. Al año de su aparición en papel, se publicará el formato pdf de la edición. Licencia Creative Commons By-SA. El contenido de la obra se halla dividido en dos partes, una primera teórica y otra segunda práctica. En la primera parte se intentará una explicación analítica del ciberactivismo mientras que la segunda se centrará en reflexiones sobre aspectos concretos que pudieran ser útiles para quien desee planificar alguna acción. A quién y a quién no va dirigido este libro En principio, este libro va dirigido a cualquier persona. Tal y como se señalará en el ensayo, el ciberactivismo (y por ende lo que en la obra se definen como acciones micropolíticas) tiene unos fines que pueden ir, por ejemplo, desde la exigencia de la implantación de pasos cebras para evitar los peligros de un cruce de peatones al rechazo de la política estatal de viviendas. Así pues, se dirige a toda persona que esté interesada en el uso de la web como herramienta para un ejercicio público de sus derechos. A quien no se dirige esta obra es a quienes pretendan un curso de comunicación en línea, de gestor de comunidades de redes sociales (community manager) o a quienes pretendan la mejora de sistemas de marketing. Se parte de que la comunicación mediática no es un fin en sí mismo, sino que es una circunstancia que en estos casos puede o no producirse. Es más, la notoriedad mediática por sí misma puede incluso ser contraproducente ya que hay actividades que han de hacerse con la menor notoriedad posible. Un ejemplo histórico lo tendríamos en la Resistencia Francesa, donde hubiera sido un suicidio querer salir en los medios de comunicación atribuyéndose los atentados. No se trata tampoco de proponer la realización de actividades en la sombra, sino de reivindicar que lo más importante no es lo más notorio y que lo que ha de guiar el tiempo dedicado a acciones ciberactivistas es la búsqueda de la eficacia y no de lo mediático. Agradecimientos En primer lugar, los agradecimientos de este libro deben ir a cuantos participaron en la Demanda contra el canon en los soportes digitales puesto que sin ellos no se hubieran producido los hechos sobre los que luego poder reflexionar. Su participación supuso una corriente de aire fresco ya que, ante la infracción de un derecho, hicieron lo que debe hacerse: recurrir a los tribunales y no sólo quedarse en campañas mediáticas o vociferadoras protestas. En segundo lugar, es necesario mostrar el agradecimiento a las personas que revisaron pacientemente la primera versión de este texto y aportaron comentarios y consejos sobre su contenido. Dada su singularidad, en la que se mezclan variadas disciplinas, se consideró conveniente que la obra fuera revisada por un grupo de personas, dispar de formación, cuyo criterio se tiene en muy alta estima. La petición iba acompañada de una exigencia de premura en la respuesta que impidió pedir este envenenado favor a otras personas cuyo criterio se valora igualmente. Las críticas y comentarios recibidos han servido para enriquecer el texto bajo todos los puntos de vista: aspectos formales, aportación de novedosos ejemplos, concreción de datos, estilo de redacción, ritmos de lectura, transiciones entre conceptos... Parte de la autoría de esta obra es por tanto suya. Las personas con las que se tiene esta especial deuda son Andoni Alonso, Iñaki Arzoz, Eva Belmonte, Florencio Cabello, David Cabo, Javier Candeira, Marcos García, Stéphane M. Grueso, Alejandro Herrera, Antonio Lafuente, Estela Mateo, José María Mateos, Helena Nadal, Ana Romero Sire, Vicente Ruiz Jurado, Iván Sánchez O[...]



Cristalizar lenguajes formales en el espacio físico

Sun, 25 Jan 2015 19:56:48 +0000

AdjuntoTamaño 2015-01-25_cristalizar-lenguajes-formales-en-el-espacio-fisico.pdf96.34 KB Con ocasión de la exposición Sistema Operativo del artista Daniel García Andújar, que se celebra los días 21 de enero a 4 de mayo de 2015 en el Museo Centro Nacional de Arte Reina Sofía, me invitaron a escribir un artículo en el catálogo de la exposición. El tema que trato es la generación de mundos a través de lenguajes formales. Dicho artículo pueden descargarlo en el enlace más abajo y comienza así: Cuando nació la tecnología de la escritura, solidificando fonemas o ideas en grafemas, sus consecuencias políticas fueron imprevisibles. Asimismo, cuando la imprenta, confluencia de la madurez de las tecnologías de la escritura, madera, tinta, papel y metalurgia, comenzó su andadura, tampoco fue posible prever la sucesión de eventos de Reforma, Contrarreforma, Ilustración, Revolución y surgimiento del Estado liberal, nacidos al amparo de estados de opinión provocados por el hecho de realizar y distribuir múltiples copias de un mismo texto. En la antigüedad la tecnología de la escritura se utilizó como herramienta de pacificación de conflictos entre diferentes clases sociales. La fijación del nomos en un texto escrito se convertía en un instrumento que permitía disminuir la arbitrariedad en la aplicación de la ley. Bien fuera la escritura un fármaco de la memoria, bien un simple recordatorio, poner la ley por escrito le daba una fijeza de la que la norma oral carece. Con la exposición pública de este texto se practicaba una techné que intentaba evitar la aplicación del derecho del más fuerte. Siglos después, la solidificación de la ley expuesta públicamente se convirtió en eje estructural del Estado de Derecho ya que es la garantía de la seguridad jurídica. No cabe la existencia de normas secretas y el nacimiento de los boletines oficiales donde se publican las leyes no fue una casualidad jurídica, sino que responde a una honda exigencia política sobre la que se asientan los derechos fundamentales. Por otra parte, la difusión que se realiza mediante la imprenta de las ideas de la Reforma protestante tiene como consecuencia la aparición de la libertad de conciencia que, una vez secularizada, opera como libertad de expresión desde donde comienzan a forjarse los demás derechos humanos. En lo político, la tecnología de la escritura no se limitó a la creación de derechos subjetivos de la más alta jerarquía, sino que también operó en la generación de los agentes intervinientes y su institucionalización. Por una parte, los agentes institucionales políticos son definidos por escrito incorporándose su diseño en las partes orgánicas de las constituciones que funcionan como norma suprema de los Estados liberales: el Estado se escribe, constituyendo la escritura la tecnología estructural del Estado liberal. Y, por otra parte, a partir de los siglos XII y XIII comienzan a aparecer asociaciones de mercaderes que derivan en el nacimiento de las sociedades mercantiles modernas, imposibles de concebir sin la tecnología de registro escrito, en este caso, del sistema de partida doble contable. Su importancia política en el mundo actual no puede ponerse en duda, hablándose incluso de soberanías difusas cuyos titulares son las corporaciones. Puede seguir la lectura del artículo descargando el archivo en el enlace más abajo. Etiquetas: En otros medios[...]



Seminario20. Acciones micropolíticas.

Sun, 25 Jan 2015 19:26:55 +0000

Bajo la iniciativa de José Muelas, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cartagena, celebramos el 20 de noviembre de 2014 en la sede del Consejo General de la Abogacía Española una jornada sobre activismo en redes sociales. Esta fue mi intervención.

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Pueden encontrar todas las intervenciones en la página del encuentro.

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